Hace algunos días Canal 13 dio a conocer el caso de Claudia Soto, una funcionaria del Ministerio de Cultura que utilizaba otro nombre para ser dirigente en una toma habitacional. Entre otras cosas, la actividad de Claudia -o Gloria- implicaba protestas, participación en foros y un amplio etcétera.
Este caso llamó la atención pública y tras darse a conocer este reportaje, la funcionaria dejó de estar contratada en el Ministerio de Cultura, sin embargo, aún quedan varios temas relevantes sobre la mesa a propósito de este caso.
Lo primero es que esta funcionaria, que recibía una remuneración de $2.250.000 se movilizaba para que el Estado le regalara un terreno, o una casa, saltándose la fila de todas las personas que siguen el procedimiento habitual para obtener una vivienda social. Además, era bastante probable que no cumpliera los requisitos.
En segundo lugar, hubo una cantidad de filtros que no se aplicaron en este caso y que hablan de que el problema podría ser mucho mayor. ¿La participación social, o las manifestaciones que protagonizaba Claudia Soto, eran fuera del horario laboral? ¿Sabían sus jefaturas de la doble identidad de la funcionaria?
Por último, una cuestión fundamental es si esto se trata de un caso aislado o es un fenómeno más frecuente de lo que piensa la opinión pública. La gravedad de los hechos y el nivel precario de los controles nos hace considerar seriamente la posibilidad de que esto no es una cuestión puntual, lo que abre la puerta a bastantes discusiones.
Una de ellas es que, en medio de un debate propuesto por el gobierno para aumentar los impuestos, es legítima la aprehensión de la ciudadanía para que prime el buen uso de los recursos disponibles antes de pensar exigirle más contribuciones a los ciudadanos. La buena utilización de estos no es solamente una cuestión de eficiencia, sino que también tiene relación con la justicia. Cada peso que se mal gasta es un peso que no está llegando a una persona que realmente lo necesita.
La otra discusión que se abre es que urge una modernización del Estado. No hace sentido el régimen de contratación particular que tienen los funcionarios públicos, especialmente cuando cada vez representan un porcentaje más importante de la población. Además, los controles que se dejaron de ejecutar habla también de un sistema obsoleto, que se quedó en el siglo pasado y que tiene nula capacidad de evitar autónomamente este tipo de situaciones y que solo conocemos cuando la prensa está atenta a estas anomalías. (El Líbero)
José Francisco Lagos
