La ministra del Interior, Izkia Siches, anunció este miércoles que el Gobierno ampliará querellas relacionadas a violencia rural en la macrozona sur, para que el Ministerio Público investigue los dichos del líder de la CAM, Héctor Llaitul, en los que reivindicó una serie de ataques ocurridos en la zona en las últimas semanas.
De esta forma, el Ejecutivo retrocede en su decisión de no tomar acciones contra el dirigente mapuche, según habían afirmado en reiteradas ocasiones, en medio de las críticas que han surgido desde la oposición y autoridades de la macrozona.
«Hemos querido evaluar el ampliar las querellas en torno a estos hechos, que nos parecen graves, como también solicitar una serie de diligencias investigativas al Ministerio Público para demostrarle al país con claridad que el Gobierno está comprometido a resolver los conflictos en la zona, como también que no va limitarse a usar ningún instrumento de nuestro ordenamiento jurídico», afirmó la titular de Interior.
A juicio de Siches, los dichos de Llaitul «son constitutivos de delito», ya que «se atribuye participación» en distintos atentados ocurridos en el sur. «Así. considerando lo que ha manifestado el fiscal nacional (Jorge Abbott) hemos optado por ampliar nuestra querella como también solicitar activamente a la Fiscalía acciones investigativas que creemos que resuelven esta polémica y nos permite avanzar», subrayó.
Asimismo, aseguró que «no hemos cambiado la hoja de ruta» y que el objetivo no es presentar una nueva querella, sino que ampliar otra ya ingresada. «Hay una serie de querellas que están vigentes, que están disponibles para que el Ministerio Público actúe y que todos esperamos que tengan resultados, así como también las ultimas declaraciones dan cuenta de la adjudicación de lo que pueden ser los hechos de violencia de la última semana y ahí sin duda debemos perseverar en la investigación», enfatizó.
Junto con esto, Siches indicó que la acción contiene «distintas figuras sumergidas en una única causa» y que «ampliar la querella permite reactivar esta investigación que ya está en curso, que desde nuestra perspectiva permite al Ministerio Público actuar y en este caso particular solicitar una serie de diligencias que dan cuenta de la serie de declaraciones que han sido de público conocimiento y esperamos que el Ministerio Público actúe y nos dé resultados».
Respecto al estado de excepción que rige en la macrozona sur, la ministra valoró los resultados obtenidos hasta ahora y nuevamente descartó extenderlo a la Región de Los Ríos. «Hemos visto tal como semanas pasadas una disminución de los hechos de violencia, que nos da cuenta de la relevancia de la labor preventiva de las Fuerzas Armadas en la zona», destacó.
DERECHA: «MÁS VALE TARDE QUE NUNCA»
Diferentes reacciones dejó en el mundo político el anuncio del Gobierno de ampliar dos querellas en contra del líder de la CAM, Héctor Llaitul, por los dichos en los que reivindicó una serie de atentados ocurridos durante las últimas semanas en la macrozona sur.
Desde el Congreso, tanto en la oposición como en el oficialismo valoraron la decisión del Ejecutivo, que supone un cambio de postura en relación a lo planteado en principio desde el Gobierno.
Esa fue la visión, por ejemplo, del presidente de Renovación Nacional, senador Francisco Chahuán, quien afirmó que «el Gobierno nuevamente llega tarde respecto de Héctor Llaitul y de la violencia en las regiones de La Araucanía, Biobío y Los Ríos, por lo que hacemos el llamado para que el anuncio que ha hecho, aunque sea a destiempo, permita devolverle la tranquilidad a los vecinos y ciudadanos de esas regiones y esperamos que se una a las querellas que ya presentamos. Nosotros presentamos cinco querellas, una directamente contra de Héctor llaitul y esperamos que apoye cada una de las acciones legales que hemos iniciado».
La diputada del mismo partido, Carla Morales, señaló por su parte que «tendremos que esperar a que las cosas se pongan más peligrosas para la gente del norte, la macrozona sur y ahora en la región de Los Ríos para que este Gobierno decida actuar decididamente. Es lamentable que el propio Gobierno tenga terror de perseguir a delincuentes que tienen toda la libertad para expandir el miedo en nuestro país».
Mientras que su par Camila Flores indicó que «el Gobierno no se atreve a presentar una querella contra Héctor Llaitul. De alguna manera los tiene inhibidos absolutamente y lo que hacen es ampliar las diligencias respecto de otras ocasiones que había presentado el gobierno anterior del presidente Sebastián Piñera y no se atreven ellos mismos a iniciar sus propias acciones».
Asimismo, Miguel Mellado (RN) complementó que «nosotros hubiéramos esperado que el Gobierno se hubiese querellado por Ley de Seguridad del Estado pero ya es beneficioso el cambio de tono de la mañana a la tarde del Gobierno al decir que las palabras de Héctor Llaitul son constitutivos de delito. Pero si son constitutiva de delito, obviamente un funcionario público debe actuar de inmediato y eso significa hacerse parte de las querellas que ya están, pedir diligencias o ampliar las que ya hay».
Desde la UDI, en tanto, el jefe de bancada de diputados, Jorge Alessandri, afirmó que «le pedíamos al Gobierno una voltereta, esta vez una voltereta positiva, que fuera de enmendar el rumbo. Y finalmente después de algunas horas la ministra lo ha anunciado. Así que lo celebramos, lo felicitamos, porque la señal era demasiado mala. La señal de dejar dichos como los de Llaitul sin querella era nefasta para nuestras policías, para los vecinos de La Araucanía, del Biobío y de todo Chile. Así que bien por el cambio de rumbo de la ministra del Interior y ojalá estas decisiones se tomen siempre con una sola línea».
Y el senador del mismo partido, Iván Moreira, llamó a la ministra Siches a «no temerle a hacer lo correcto siempre. Se valora que ante el error se rectifique; pero estas señales deben ser permanentes y acompañadas de acciones concretas en el combate al terrorismo que viven miles de familia en el infierno de la macrozona sur. Llaitul es un desalmado terrorista que llama a la rebelión armada, que debe ser encarcelado y no puede el Gobierno darle privilegios porque eso es ‘impunidad'».
En Evópoli, quien reaccionó fue el senador Felipe Kast. «Más vale tarde que nunca. Valoramos que el Gobierno haya rectificado y que esté dispuesto a incluir a Héctor Llaitul en la querella criminal. Lo que sí, necesitamos saber si va a utilizar la Ley de Seguridad del Estado. Esta es una herramienta vigente y fundamental para la persecución del crimen organizado».
El diputado republicano, Juan Irarrázaval, también se refirió al anuncio y aseguró que «Héctor Llaitul es el nuevo Pablo Escobar de Sudamérica. Ha tenido completamente acorralado al Gobierno y es una lástima que el Gobierno al fin reacciones, pero solamente con una lógica electoral y recién se allane a defender a los chilenos. Basta de ambigüedad, los errores del Gobierno cuestan vidas».
Opinión parecida a la de su par, Mauricio Ojeda. «Este gobierno se está cada día pareciendo más a un parto, hay que sacarle con fórceps cosas que son de toda lógica. Llaitul debe estar en la cárcel y el Presidente Boric por alguna razón lo protegía». En tanto, Stephan Schubert, diputado independiente pro Republicanos afirmó que «lo que en la mañana eran sólo ideas ahora son hechos graves. Cuando en la mañana no era necesario interponer una querella hoy día se están ampliando las querellas para abordar las amenazas. Nos parecía extraño que el Gobierno no tuviera la determinación de enfrentar a estos grupos que están amenazando abiertamente al Estado«.
CENTROIZQUIERDA CELEBRA ANUNCIO
Por su parte, la centroizquierda también resaltó el anuncio del Ejecutivo y destacó la relevancia de que el Gobierno forme parte del proceso contra el líder de la CAM. Así lo afirmó el senador DC Matías Walker: «Creo que más vale tarde que nunca. Me parece bien que el Gobierno haya estuchado al fiscal nacional, haya escuchado a la vocera de la Corte Suprema y finalmente haya ampliado la querella. Me parece fundamental que se incluyan en la querella las amenazas de esta semana. Es muy importante ser querellante porque de esa manera el Gobierno como querellante puede pedir diligencias, puede ser parte, puede oponerse a algunas medidas que puedan decretar eventualmente los propios tribunales de justicia o el Ministerio Público«.
El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto (PPD), subrayó que «la reivindicación de la violencia no es tolerable en democracia y debe ser perseguida con decisión y firmeza, sin medias tintas. El estado de derecho no pueden claudicar ni ser débil frente a la amenaza del terrorismo. Ley de Seguridad Interior del Estado para Llaitul».
Mirada similar a la expresada por el diputado PS Jaime Naranjo. «Considero que quienes fomentan y hacen gárgaras con la violencia están provocando al Estado y al gobierno. De tal manera que el que siembra vientos de violencia cosecha la aplicación de la ley y de las normas constitucionales. Es importante que quienes propician y fomenta la violencia verbal y de hecho no pueden quedar en la impunidad», sostuvo.
Mientras que la legisladora PC María Candelaria Acevedo señaló que «hay acciones y declaraciones, y si el Gobierno va a ampliar dos querellas contra Llaitul, debe tener los antecedentes suficientes para acreditar un delito. En la misma línea y siguiendo la lógica de perseguir amenazas, me parece que es importante que también sean evaluadas las palabras de Pedro Pol quien abiertamente amenazó y pasó por encima de miles de torturados en dictadura, así como de familias que aún no saben que ocurrió con sus seres queridos, vulnerando gravemente los derechos humanos».
El integrante de Acción Humanista, diputado Tomás Hirsch, calificó de «inaceptables» las declaraciones de Llaitul y afirmó que «nos parece razonable que el Gobierno se querelle». «Los humanistas desde siempre hemos rechazado toda forma de violencia, la que ejerce el Estado, la que puedan ejercer distintas organizaciones o cualquier persona en forma individual. Toda la violencia para nosotros va contra la visión y la mirada del humanismo. Por lo mismo cuando alguien está planteando el sabotaje a distintas instalaciones, para nosotros es totalmente inaceptable».
En tanto que el diputado de Convergencia Social, Diego Ibáñez defendió que «en el derecho procesal penal existe la acumulación de causas, la agregación de antecedentes a la carpeta investigativa y otras herramientas que hacen absolutamente innecesaria la presentación de nuevas querellas a un mismo sujeto que ya tiene tres causas abiertas, entonces me parece de una ignorancia supina reclamar por algo que no sería económico procesalmente. Cuando reclaman, que no se olviden que este gobierno se está haciendo cargo de un fracaso de los gobiernos anteriores y que a la luz de la evidencia, lo está administrando con mayor virtuosidad entendiendo que hay un rol político que otros no se atrevieron a cumplir».
SICHES NO DESCARTA ACCIONES CONTRA PEDRO POOL
La ministra del Interior, Izkia Siches, se refirió esta tarde al empresario osornino Pedro Pool Vargas -quien a través del programa “Los Espartanos”, transmitido en YouTube, emitió amenazas contra dos exconstituyentes- asegurando que está en evaluación la participación del gobierno en alguna acción judicial en su contra.
“Chile no se merece lo que le pretenden hacer, que es sumirlo a la pobreza, en el hambre y en la esclavitud. De eso el señor Bassa, el señor Atria, todos estos indios que están ahí, los vamos a fusilar (…) No van a ser 3 mil (los ejecutados) como el general Pinochet, van a ser hartos más. Y no va a haber exilio dorado, ya que se van a ir a isla Dawson y con poca ropa. A trabajar. Ténganlo claro amigos de izquierda. Esta es una traición a la patria y no se las vamos a perdonar”, fueron parte de los dichos de Pool Vargas, los que motivaron el inicio de una investigación por parte del Ministerio Público en su contra.
En un punto de prensa en La Moneda, la secretaria de Estado aseguró que “esperamos recopilar los antecedentes y no descartamos tomar acciones frente a él”.
Previamente la ministra Siches manifestó que “nos parecen hechos gravísimos y lo hemos reiterado: como gobierno rechazamos cualquier alusión al llamado a la violencia y sobre todo contra las personas”.
Durante la jornada del martes, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo también abordó la polémica con el empresario osornino.
“Evidentemente, todas estas declaraciones son condenables. Tanto de Llaitul y en este caso además, porque amenaza la integridad física y la vida de las personas, son de suma gravedad, por eso es importante que las instituciones funcionen (…) lo que corresponde es lo que está sucediendo: que la Fiscalía investigue, porque esta es una persona que es un peligro público”, consignó la vocera de gobierno respecto a la investigación que se abrió en contra del empresario por una querella interpuesta por el abogado de derechos humanos, Luis Mariano Rendón.
Respecto a si el gobierno patrocinará una acción judicial similar, Vallejo afirmó que “no hemos establecido ningún tipo de querella por el momento”. (Emol-La Tercera)
