Digámoslo de una vez, la “casa de todos” se ha transformado en una “casa de orates”. Hay excepciones, pero son una fuerza insignificante al lado de quienes están diseñando una institucionalidad que tensiona al máximo los antagonismos sociales. Muchas de las propuestas conocidas, si se ponen en práctica, dibujarán la geografía del paisaje hobbesiano en que el hombre es un lobo para el hombre. No es necesario hacer un análisis exhaustivo; ningún agricultor podrá producir alimentos sin entrar en conflicto con la nueva legislación. También será foco de discordia un derecho a la vivienda primando sobre el derecho a la propiedad. Los padres se sentirán abusados por no poder decidir sobre la educación de sus hijos y cada persona que piense distinto sufrirá los efectos de la ley mordaza impuesta por el moralista de turno. La expropiación de la minería y el término de todo tipo de concesiones nos pondrán en guerra con parte importante del comercio mundial. Otro tanto sucederá con la revocación de los tratados de libre comercio y el pluralismo jurídico. El Estado de Derecho es el fundamento de la paz en todas las sociedades civilizadas. De ahí que estemos seguros de que las propuestas aprobadas por las comisiones de la Convención Constituyente (CC) nos harán retroceder varios siglos de avances en derechos humanos y políticos.
Además de estar atónitos por el trabajo de nuestra troglodita CC, el descalabro en la macrozona sur, al que se agrega una nueva macrozona crítica en el norte, avanza nuestra estupefacción. ¿Será necesario que lleguemos a hablar de una tercera macrozona, la del centro, donde habita la mayoría, para que tomemos consciencia de la necesidad imperiosa de hacer cambios al proceso constituyente y recuperar la estabilidad interna?
Algunas voces se han levantado en esa dirección. Pablo Longueira habla de una nueva elección de constituyentes, pero se olvida del factor clave. Para que otro proceso de esta índole quede justificado ante la ciudadanía es necesario que cambiemos algunos aspectos, como, por ejemplo, la exigencia de que los postulantes sean abogados y jueces especialistas en la materia. ¿Por qué considero de vital importancia introducir dicho cambio? Porque resulta fundamental explicar a la ciudadanía qué fue lo que salió mal. Solo con esa respuesta ampliamente difundida en la población será posible concitar el apoyo a una rectificación del proceso. Todos tenemos la capacidad de entender que, si llevamos el auto a repararse con un dentista, no vamos a tener buenos resultados. Lo mismo sucede si nos arreglamos la muela con el mecánico. El discurso sale fácil y entra fácil. Además, devuelve el valor a los conocimientos adquiridos con años de estudios y experiencia que la izquierda foucaultiana se ha empeñado en desmantelar al punto de proponer que delincuentes y niños planteen propuestas de diseño institucional.
La otra posibilidad, devolver el poder constituyente al Congreso, puede ser un arma de doble filo. ¿Realmente, quienes están a favor de esta opción no ven que los ciudadanos no confían en los políticos y, por tanto, que en su imaginario no existe ninguna posibilidad de que los causantes de su malestar retomen las riendas del poder perdido? Peor aún, esta idea puede favorecer enormemente el proyecto totalitario de la izquierda si se convence a la gente de que la Convención es la verdadera representante del pueblo y se la transforma en víctima de los desenfrenados apetitos de poder de las élites oligárquicas de los “treinta años”. De ahí que sea incluso mejor dejar que el pueblo elija el mal menor, es decir, continuar con la Constitución de 1980, aunque se haya deslegitimado en los hechos a niveles sin precedentes.
El problema de quedarnos con una Carta Magna que ha perdido su fuerza rectora en las decisiones de los tres poderes del Estado es que no solo no habrá forma de darle nueva vida, sino que dejará el flanco abierto para que una izquierda con fuerzas renovadas gracias a la profundización de nuestra crisis pueda seguir atribuyéndole todos los males que nos aquejan. En tal caso, quedaríamos fojas cero y podríamos terminar por legitimar el Frankenstein Constitucional como nuestra vía hacia un Chile mejor. Solo habría que esperar un tiempo prudente para el advenimiento del paraíso. Esta es la fe de una gran mayoría de comunistas, mientras observan impertérritos los delitos de lesa humanidad que, en el pasado y el presente, cometen sus dictaduras.
Finalmente, hay quienes, con toda razón, todavía defienden el argumento de que los problemas de la gente no los va a solucionar la Constitución. Y se preguntan cómo es posible que una gran mayoría se haya tragado el cuento. “Es un asunto de fe”, les respondo. Con los medios de comunicación y la educación escolar y universitaria en manos de la extrema izquierda, todo se reduce a Aladino, el cuento de una lámpara mágica. De ella saldrá una nueva Carta Magna que resolverá los problemas por arte de magia. Es el cuento de activistas gramscianos como Matamala; el periodista cita a Daniel Markovits, para quien “la meritocracia sirve a aquellos nacidos dentro de la élite para justificar sus privilegios. Ellos, dicen, están ahí por mérito: estudiaron, trabajaron duro, se esforzaron. [En cambio, para los que están fuera de la élite], “funciona como una forma de exclusión […] caracterizando esa exclusión como un fracaso individual”. Este post obtuvo un “me gusta” de un ex diputado de la UDI y expresa la ideología que se impuso en este proceso: que el esfuerzo no vale y todo debe ser provisto por el Estado. Para ello necesitamos una nueva Constitución que asegure derechos sociales.
A estas alturas de la derrota de la libertad, el conocimiento, la autoridad, los principios democráticos y del mercado libre en la batalla cultural que la vieja derecha no estuvo ni está dispuesta a dar, lo inteligente es, como decimos en el campo, “arar con los bueyes que se tienen”. De ahí que poner las fichas en una nueva Convención de expertos sea el mal menor. El lema lo entenderán todos, porque forma parte de la sabiduría popular: pastelero a tus pasteles y errar es humano…
Si una parte importante de las élites se la juega por esta opción, habremos enmendado el rumbo, puesto que solo desde la supina ignorancia y un instinto desbocado por el poder puede explicarse que los convencionales estén diseñando la institucionalidad completa del país, siguiendo el modelo que nos ofrecen las cárceles donde no existe libertad ni propiedad, con el agravante de que los criterios de justicia dependerán de la raza que le hayan heredado sus padres. (ElLíbero)
Vanessa Kaiser
