Luego de la votación presidencial de primera vuelta y la de senadores y diputados, la pregunta que se formulan muchos extranjeros que miran a Chile, y muchos chilenos que vivimos aquí, es si quien gane podrá asegurar acuerdos básicos para realizar las transformaciones necesarias y afianzar la democracia, con justicia social y sustentabilidad ambiental; o se impondrá la preferencia principalmente por el orden y la seguridad. También se preguntan por qué se ha producido una modificación tan rápida de los comportamientos electorales, polarizándose en dos años.
Parecía haberse instalado la convicción de que después de cuatro presidentes de centroizquierda que gobernaron por 20 años, entre 1990 y 2010, y luego el Gobierno de la nueva Mayoría (que incluyó al Partido Comunista), entre 2014 y 2018, se había encontrado una fórmula permanente de progreso gradual. Era un récord. Y de pronto todo cambió.
A fines de 2019, una intensa movilización social sacudió todo, y ocurrió justo el año en que el PNUD mostraba de nuevo que Chile alcanzaba el mejor índice de desarrollo humano de América Latina. ¿Cómo explicar tales cambios?
El descontento y la irrupción de las protestas
Los síntomas de descontento venían de antes y se fueron intensificando en el Gobierno de Piñera. Ya en su primer mandato, 2011, había explotado la rebelión de los estudiantes universitarios. Pero en 2019 la intensa movilización social sacudió los cimientos de la convivencia nacional y del sistema político.
Que ambos hechos acontecieran en los dos gobiernos de derecha, no parece una casualidad. ¿Le habría pasado a cualquier Gobierno? No creo, pienso que uno de los factores que explica un cambio de actitud electoral fueron los intentos de Piñera de modificar el rumbo que se traía. En ambos periodos puso el acento en la seguridad y el crecimiento, sin éxito, y menospreciando los cambios sociales e institucionales. En su segundo Gobierno descartó la reforma previsional y la propuesta de nueva Constitución de Bachelet ingresada al Parlamento en 2017.
Si a ello sumamos los hechos de corrupción que involucraron a políticos, militares, policía y empresarios (colusión de cadenas de farmacias, productores de papel, pollos y del gas), se explica la indignación por el abuso y la desigualdad. Encima, se sumó la violencia de grupos encapuchados, en Santiago y en La Araucanía, y la actividad criminal que el Gobierno fue incapaz de contener.
Hay quienes han señalado otras razones para explicar el cambio. Una es que la Concertación dejó reformas importantes pendientes, y que hubo fallas en la gestión en el último Gobierno de Bachelet. Otra es que el progreso propulsó las expectativas y, a su vez, agudizó el rechazo a la desigualdad. Ambos sentimientos alimentaron las protestas. Se debilitó el Gobierno de Piñera, y decayó el prestigio del Parlamento y de los partidos políticos. Ese fenómeno llevó a algunos a señalar que predominaba un nuevo clivaje: élite-pueblo.
En octubre de 2019 se desataron enormes manifestaciones sociales. Nadie lo esperaba, desbordaron a todos los partidos políticos, al Parlamento y al Gobierno. La violencia impactó y el Gobierno sintió amenazada su permanencia. Las manifestaciones pacíficas, de allí en adelante, fueron infiltradas por grupos pequeños que destruyeron estaciones de metro, realizaron incendios, saqueos y ataques a la policía. Esta acción de grupos minoritarios despertó rechazo. La policía usó la fuerza de manera desproporcionada, violó los derechos humanos. Creció el conflicto y la polarización.
Ante la grave crisis institucional, el sistema político reaccionó con sorprendente velocidad y, en un ejercicio nunca visto antes, derechas e izquierdas convinieron en el Parlamento, en noviembre de 2019, abrir camino al cambio de la Constitución de Pinochet, impuesta en 1980. Era una concesión increíble de la derecha. Se acordó realizar un referéndum, la ciudadanía decidiría si quería una nueva Constitución y cómo hacerla. El resultado fue aplastante, 80% lo aprobó, y por la misma votación favoreció una Convención Constitucional para llevarlo a cabo.
En medio de una pandemia que afectaba seriamente la vida diaria, chilenas y chilenos debieron encarar una avalancha electoral sin precedentes: referéndum constitucional, elecciones municipales, de constituyentes, de gobernadores en dos vueltas, primarias presidenciales, y luego de Presidente, senadores, diputados y consejeros regionales.
Además, la elección de constituyentes, con paridad de género y cuotas de representación de pueblos indígenas, mostró rostros desconocidos de regiones, de diversos sectores socioeconómicos, etnias, profesiones. Las declaraciones de diversos convencionales provocaron desconcierto o temor en vastos sectores. ¿Serán capaces de concordar y redactar una nueva Constitución?
¿Qué nuevos factores podrían explicar estos giros, e influir en la segunda vuelta y la gobernabilidad posterior?
La demanda por seguridad se contrapuso a las demandas por cambios. Las dos coaliciones que habían gobernado hasta ahora, de derecha y centroizquierda, fueron abandonadas por el electorado, que se polarizó entre un candidato de extrema derecha y otro de izquierda más radical.
Diversos factores pueden explicar este giro
La demanda por un cambio generacional. Las coaliciones que lucharon contra la dictadura y construyeron la democracia no fueron capaces de incorporar nuevas generaciones en suficiente número y preparación, para sucederle e innovar. Los jóvenes optaron por otros partidos. Asimismo, la juventud concurre más a votar, felizmente, motivada también por la lucha por salvar el planeta y contener la contaminación.
El uso más intenso de las redes sociales. La digitalización provoca alteraciones en la participación ciudadana, empodera, pero también conlleva el riesgo del control social y la manipulación. El surgimiento de candidaturas independientes y la amplificación de posturas radicales, de derechas e izquierdas, tienen que ver con este fenómeno. Es el caso del candidato Parisi, que sustentó por redes sociales una intensa campaña contra la inmigración, logrando sorprendente respaldo en el norte del país. Ahora todo es más repentino y cambiante, líquido.
El gran movimiento feminista, su lucha por igualdad de derechos, y el triunfo electoral de las mujeres ha cambiado el panorama y la forma y prioridades de la política. Este fenómeno también se fortaleció con la paridad de la Convención Constitucional, y venía siendo alentado por el triunfo presidencial dos veces de una mujer.
El aumento de la violencia y la criminalidad. La percepción de riesgo por la acción de grupos anarquistas destructivos, sumados y mezclados con grupos criminales asociados a la droga atemorizan, y empujaron a muchos electores a privilegiar al candidato de derecha más duro. Sectores de izquierda más radical descuidaron gravemente la necesidad del orden público, mantuvieron una postura ambigua. Cundieron la incertidumbre y el temor, incluso entre familias de bajos ingresos. La segunda vuelta de diciembre tendrá este sello.
Tras la gobernabilidad perdida
El obstáculo principal para gobernar el futuro de Chile, después de la primera vuelta, es que ambos candidatos, Kast y Boric, no alcanzaron ni el 30 % de los votos, muy bajo para encarar lo que viene con legitimidad. La participación electoral apenas llegó al 50 %. Y la nueva conformación de ambas Cámaras del Parlamento revela más dispersión, ninguno tiene mayoría. En la Cámara de Diputados, y muy especialmente en el Senado, los sectores más moderados de centroizquierda y centroderecha tendrán alta gravitación, aunque poseerán menor cohesión.
A pesar de esta fragilidad, Chile tiene al menos dos ventajas para navegar en este periodo turbulento: tradición institucional y base económica más holgada. El funcionamiento institucional dependerá de la Convención Constitucional. Puede canalizar las nuevas aspiraciones y organizar el sistema futuro, pero también pueden bloquearse los acuerdos (que deben aprobarse por 2/3) y elevar la incertidumbre.
La estrechez económica pondrá a prueba la capacidad de reducir la desigualdad, esencial para la estabilidad democrática. Chile y América Latina encaran grandes demandas sociales en medio de un creciente endeudamiento y lento crecimiento, sin innovación y tecnología.
Entretanto, la Convención Constitucional continúa su labor. Tiene la oportunidad de plasmar un nuevo texto, que contemple los principios humanistas que deberán guiar la vida en común, más igualitario y sustentable, más innovador y emprendedor, derechos universales ante el cambio climático y el digital. No obstante, sin búsqueda de entendimientos y participación ciudadana, esta oportunidad histórica se puede frustrar.
Chile se juega mucho más que una elección presidencial. Su gobernabilidad está amenazada. El candidato de derecha extrema puede dañar la defensa de los derechos humanos y retroceder en los cambios sociales para la inclusión. El candidato de izquierda deberá dar confianza, ampliar su arco de convocatoria y ajustar sus programas, para hacerlos viables. El crecimiento económico será esencial. Ambos deberán salir de sus rincones.
¿Seremos capaces de reducir la polarización, converger, y hacer reformas sociales urgentes pospandemia? El reto principal para un mejor futuro es asegurar una nueva Constitución y fortalecer la democracia, con transformaciones de largo alcance, sustentada en mayorías.
El camino estará jalonado de obstáculos. El orden por la fuerza, sin cambio social, aumentará la crisis. La inclusión social, la participación y el desarrollo productivo, sin mayoría y orden público, es escasamente viable. ¿Qué predominará? Sin duda, debe ser el cambio socioeconómico e institucional con paz social. Sin embargo, eso tan obvio no está asegurado, todavía. (El Mostrador)
Sergio Bitar
