Cuando se discutió el 2011 la Ley General de Pesca, la denominada “Ley Longueira”, una de las máximas autoridades mundiales en materia de subastas, el Nobel de Economía 2020, Paul R. Milgrom, propuso una reforma al sistema de subastas de cuotas de pesca chileno para hacerlo justo y transparente. Sin embargo, esta fue desestimada tanto por el primer Gobierno del Presidente Piñera como por el Congreso, los cuales se decantaron –en muchos casos incluso por temas de corrupción– por el cuestionado modelo de derechos históricos que regaló el mar a las siete familias.
Para Milgrom, las subastas deben cumplir con tres objetivos clave: I) eficiencia, entendida como la asignación de cuotas de pesca específicas a los oferentes que las valoran en mayor medida; II) transparencia, condición esencial en casos de subastas organizadas por el Gobierno; y III) competencia, a fin de facilitar la oferta y dificultar la colusión. Sin embargo, la actual Ley Corta de Pesca del Gobierno contempla la dictación de un reglamento que regulará la subasta para calificar oferentes sin limitación de ningún tipo, salvo transparencia, excluyendo así los otros dos pilares que aseguran una licitación exitosa y justa, según señala el Nobel de Economía.
Un punto central que nos advierte el citado Nobel, es el riesgo de establecer subastas secuenciales y ofertadas a viva voz como otra razón en el fracaso de una licitación, debido a que favorece prácticas de colusión. La Ley Corta no se pronuncia sobre el punto, relegando estas definiciones al reglamento. Además, contempla que la primera licitación será secuencial dentro de los 6 años anteriores al término de las actuales licencias, entrando todas en vigencia al mismo tiempo. Es decir, 20 años después de vencidas las actuales.
Milgrom afirma que la primera clave de una subasta exitosa consiste en atraer a los oferentes y facilitar su oferta. En esa línea, propone un proceso de calificación basado exclusivamente en la estabilidad financiera de los oferentes, con garantías preestablecidas de forma proporcional al porcentaje máximo total de cuota global anual de captura que estos postores puedan generar. Nuevamente, el proyecto en discusión en el Senado entrega estas determinaciones al reglamento, limitando así el número de potenciales oferentes y afectando la competitividad de la subasta.
El economista sugiere que los plazos para la realización de las ofertas y los requerimientos de garantías de las subastas son otros factores que limitan la competencia, disposiciones que en nuestro caso también quedarán sujetas a reglamento. En su lugar, plantea plazos de permisos variados y subordinados a depreciación y a continuas inversiones de renovación. Muy por el contrario a la Ley Corta, que establece una renovación de las actuales licencias recién en el año 2032.
Un segundo elemento crítico que queda sujeto al reglamento y que Milgrom destaca clave en el éxito de las subastas, son los ítems que forman parte de la oferta. Así, recomienda ítems definidos de manera precisa, idénticos y con el mismo precio.
En lo sustantivo, el Nobel aconseja, para el caso chileno, un diseño de subasta de puja abierta con límites claros a la cantidad del bien que cualquier oferente pueda comprar. Estructura similar a la subasta de valores británica, que parte con un precio bajo que va en aumento hasta encontrar al mejor postor. De esta manera, los compradores expresan ofertas en múltiples ítems, pero también pueden limitar la compra total al reajustar sus estimaciones del verdadero valor de los ítems. Asimismo, propone la integración de las subastas con el mercado secundario, permitiendo que los dueños de las licencias puedan venderlas en las subastas.
A poco más de un mes de las elecciones presidenciales más relevantes de nuestra historia, surge la imperativa necesidad de acelerar la génesis de una Ley de Pesca justa y transparente, tal como ha reiterado el mundo de la pesca artesanal en múltiples oportunidades. Por eso es tan importante que los senadores escuchen realmente al Nobel y no al lobby, para para que la Ley Corta de Pesca no sea como es hasta ahora, solo un blanqueo de la Ley Longueira, favoreciendo de manera encubierta a las siete familias.(El Mostrador)
Marcelo Mena
